En el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, es necesario hacer un llamado al Estado peruano para que acabe con la impunidad de este delito y busque de manera decidida a todas las personas desaparecidas.
Según datos recientes del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Renade), al 31 de diciembre del 2020, en Perú, el número oficial de personas desaparecidas durante el conflicto armado, entre los años 1980 y 2000, es de 21.334.
Un informe reciente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) menciona que, hasta el momento, solo alrededor del 4% de estas personas desaparecidas han logrado ser identificadas y restituidas a sus familias. Y, de acuerdo con información del Instituto de Defensa Legal (IDL), citada en ese informe, de estos más de 20.000 casos registrados de desaparición forzada, para el año 2020, solo se habían emitido 47 sentencias.
El marco jurídico necesario para mejorar la estrategia para buscar a las personas desaparecidas y para dar respuesta a sus familiares, se diseñó en el 2016 con la Ley de Búsqueda (Ley 30470 de 2016), que es una ley que enfocó por primera vez el trabajo de búsqueda alrededor de las víctimas. Para su implementación, se creó la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), encargada de diseñar, implementar y ejecutar el Plan Nacional de Búsqueda, y de administrar y actualizar el Renade, la base de datos principal de información sobre los desaparecidos en el marco del conflicto −junto con las acciones realizadas hasta el momento para su búsqueda−.
Sin embargo, y a pesar de la existencia de la Ley, en la práctica continúa habiendo confusión sobre cómo se deben coordinar las distintas entidades involucradas para realizar el trabajo de búsqueda. Así, “en el sistema peruano la Fiscalía no se desliga totalmente del proceso de búsqueda y a veces no hay claridad sobre quién debe hacer qué; puede pasar que los esfuerzos de la Dirección y la Fiscalía se dupliquen y los recursos se desperdicien”, explica Rocío Quintero, asesora legal para América Latina de la CIJ e investigadora del informe.
La CIJ, en su informe, recomienda al Estado peruano fortalecer la búsqueda de las personas desaparecidas. Además, lo llama a ampliar los recursos humanos y financieros destinados a la investigación y judicialización de las violaciones de derechos humanos, incluida la desaparición forzada. También le recomienda crear un verdadero sistema de derechos humanos que incluya el ámbito policial, fiscal y judicial. Y que fortalezca la atención y el trámite de las denuncias por desaparición forzada, para lo cual es importante que se realicen capacitaciones para el personal involucrado en la recepción y el trámite de las denuncias con perspectiva de género. Finalmente, resulta esencial que el Estado peruano garantice el acceso a toda la información relacionada con la desaparición forzada de personas, en particular la información que está en poder de las Fuerzas Armadas.
Es necesario que se haga justicia en los casos de desapariciones forzadas y que la búsqueda de las personas desaparecidas sea una prioridad en Perú.
*Este artículo constituye una opinión editorial de Carolina Mila, consultora en comunicaciones de la Comisión Internacional de Juristas y Carolina Villadiego Burbano, asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas.
Fue publicado primero en el blog Agenda de Derecho: https://agendaestadodederecho.com/impunidad-y-personas-desaparecidas-en-el-peru/
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Carolina Villadiego, asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, carolina.villadiego@icj.org
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Post actualizado el 31 de agosto de 2021 a las 10:50 AM
